Los intendentes radicales expresaron su preocupación por la discriminación en la distribución de fondos por parte de la Provincia, no hacia ellos, sino hacia los ciudadanos a los que representan. Mariano Campero (Yerba Buena), Alejandro Molinuevo (Concepción) y Sebastián Salazar (Bella Vista) se reunieron para analizar los pasos a seguir después de conocerse que el Poder Ejecutivo giró casi $ 12.000 millones de fondos no reintegrables solo para municipios oficialistas en 2023.
Campero afirmó que hay una discriminación hacia los ciudadanos de Bella Vista, Concepción y Yerba Buena, que reciben considerablemente menos recursos que otros municipios. Destacó que esto no se trata de ellos como intendentes, sino de los ciudadanos a los que sirven y no descartó llevar el caso a tribunales federales.
Salazar también expresó su preocupación por la discriminación en la distribución de fondos provinciales y cuestionó el criterio utilizado para enviar los fondos, destacando que los vecinos de Bella Vista son tan tucumanos como los de otros municipios.
Roberto Sánchez, presidente de la UCR, señaló que la discriminación afecta a los ciudadanos de los municipios y comunas afectados y que es abrumadora la diferencia en los recursos que reciben en comparación con otros lugares.
El legislador radical José Canelada instó a someter a debate una nueva Ley de Coparticipación para evitar que los intendentes dependan de la «generosidad» de la Provincia.
Por su parte, Rodolfo Ocaranza, secretario de Gobierno de la Capital, opinó que estos fondos parecen destinarse principalmente a la política y al financiamiento electoral en lugar de a proyectos específicos.
