Mariano Campero, intendente de Yerba Buena, y Sebastián Salazar, intendente de Bella Vista, junto al diputado nacional Roberto Sánchez, decidieron llevar sus preocupaciones al ámbito eclesiástico. Para ello, concretaron una reunión con el Arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, exponiendo la percepción de discriminación en la asignación de recursos hacia los municipios opositores por parte del gobierno provincial.
La base de la preocupación de los jefes municipales es que el gobierno provincial parece no respetar los preceptos constitucionales que promulgan una distribución equitativa de los recursos. Esta equidad es esencial para el adecuado desarrollo de las comunidades que representan.
Salazar comentó sobre el encuentro: “Vinimos a plantearle al Arzobispo esta situación desigual que se está viviendo con los envíos de fondos a los municipios. No sólo hemos charlado sobre los fondos no reintegrables que se otorgan de manera discrecional y sin necesidad de rendir esos recursos, sino también los fondos reintegrables, que es el convenio consolidado que antes se conocía como pacto social«.
La reunión, celebrada en las instalaciones de la arquidiócesis de Tucumán, fue un espacio para que los dirigentes opositores expresaran sus inquietudes en relación a la asignación de recursos económicos. Según los representantes, este desbalance afecta principalmente a los municipios gestionados por partidos políticos opositores.
Monseñor Carlos Sánchez mostró una actitud comprensiva y receptiva frente a las inquietudes presentadas. Afirmó estar informado sobre la situación y recordó un acta compromiso previamente firmada por los candidatos a gobernador, la cual busca terminar con las asimetrías en las ciudades del interior de la provincia. En sus palabras, «creemos en el diálogo y en el respeto por el otro. Eso hoy no ocurre en nuestra provincia y es algo por lo que vamos a seguir luchando«.
El Arzobispo también sostuvo: “Primero queremos el cese de la discriminación a los municipios opositores, pero también queremos que se avance con una reforma de la ley de coparticipación para que se pueda garantizar la autonomía municipal sin tener que mendigar a la provincia”.
Este encuentro en el ámbito eclesiástico pone en evidencia la seriedad de la problemática abordada por los representantes opositores. Estos buscan soluciones justas y equitativas en relación con la distribución de recursos económicos en la provincia de Tucumán. El diálogo y la búsqueda de consenso son considerados como herramientas esenciales para abordar y resolver estas preocupaciones que conciernen a la comunidad tucumana.